El seminario se desarrolló a partir de cuatro bloques temáticos temáticos:

Cada uno de estos bloques estuvo compuesto por presentaciones orales (acompañadas de presentaciones en Power Point) seguidas de comentarios, preguntas, debate y trabajo de grupos.
Esquema general de exposiciones:

Primer bloque temático:
MARCO GENERAL INTERNACIONAL Y NACIONAL SOBRE RECURSOS NATURALES
 En el primer bloque presentamos las ideas centrales de las exposiciones de Marco Gandarillas (CEDIB), Roberto Fernández (CESU) y Ely Peredo (Fundación Solón); además se incluyen algunas ideas clave de los comentarios y participaciones.

Se sabe que históricamente Bolivia ha vivido constantes procesos de explotación de sus recursos naturales, lo que a su vez ha determinado la situación socioeconómica y política de sus habitantes. De la misma manera, actualmente el tema de los RRNN es el más importante y el más primordial de discutir y definir en el contexto nacional, puesto que dicho tema se visualiza como el eje en torno al cual giran, hoy por hoy, los conflictos y confrontaciones políticas y sociales.
A nivel general, la propiedad de los hidrocarburos y la minería en América Latina se presenta con una notoria y fuerte tendencia hacia la privatización y a la consiguiente disminución de la injerencia estatal en dicha temática. En la mayoría de los casos se experimenta la privatización total o la enorme apertura a inversión extranjera; en otros pocos casos, al contrario, existe aún un monopolio estatal y su consiguiente protagonismo.
De la misma manera, los marcos jurídicos de los distintos países, apoyan este proceso de privatización extendiendo la propiedad de los hidrocarburos a manos de las transnacionales y  disminuyendo los impuestos ante el Estado. Existe, entonces, una apertura jurídica para construir cadenas de producción, transporte, refinamiento y comercialización en varios países.
Para garantizar las ganancias económicas, las empresas transnacionales en nuestro país demandan, además de seguridad jurídica, respeto a contratos existentes; demandan también la supresión de obligaciones referidas a desarrollo de campos y mayores facilidades para la suscripción de nuevos contratos de exportación de gas natural. Requieren, también, tener supremacía sobre la industria en Bolivia de modo que su estructura internacional no se vea afectada; es decir, definir desde los precios de exportación hasta la priorización de sus operaciones más allá de los requerimientos nacionales. Así mismo, el Banco Mundial considera necesario disminuir la carga tributaria actual y permitir que los gobiernos subnacionales se hagan cargo de la administración de más impuestos. En esta línea está la propuesta de Autonomía Departamental de la oligarquía cruceña y la Ley 3065.
No obstante, desde la sociedad boliviana se ha planteado, inicialmente, mayor participación estatal en la industria y el incremento de los beneficios para el Estado (50% ); posteriormente se han superado dichas propuestas con el planteamiento de la nacionalización y la recuperación del 100% de la industria. Así, la nacionalización fue planteada con un sentido estatista, asignándole a YPFB un rol protagónico en toda la industria. En el último período solo el movimiento indígena y campesino agrupado en el Pacto de Unidad ha retomado el debate y la proposición planteando la propiedad compartida de los recursos naturales (hidrocarburos y mineros) entre el Estado y los pueblos en cuyo territorio se encuentran estos recursos.

Para esbozar la situación de los hidrocarburos en Bolivia, antes de la llegada del MAS al gobierno, se puntualiza dos elementos básicos: el primero, el que las transnacionales logran ingresar a nuestro país gracias a la aplicación del modelo neoliberal impuesto por el Banco Mundial; el segundo, el que los empresarios nacionales, en su momento, operaron como aliados de las transnacionales para su ingreso a nuestro país, aunque luego ellos mismos fueron afectados negativamente en las ganancias económicas.
Por otra parte, es importante señalar que las transnacionales que operaban en hidrocarburos eran las que tenían mejores y mayores garantías para lograr ganancias. En contraste, el Estado vivía del préstamo internacional para pagar sueldos, lo que implicaba mayor dependencia y pobreza.
Con el Decreto Supremo 28701 de Nacionalización, ya en el gobierno de Evo Morales, se platea la nacionalización (léase control del 50% más 1) de varias empresas. En ese entendido cabe mencionar que las empresas Repsol YPF, Total S.A., y Petrobras, que no participaron del proceso de capitalización, juntas controlan el 83% de las reservas de gas natural y el 86% de las reservas de petróleo.
Lo que se puede percibir a partir de la aplicación del DS 28701 es que existe un proceso de  transición que otorga al Estado boliviano sólo el 32% de participación. La pregunta es ¿con ello realmente se ha logrado nacionalizar? Eso se denominaría economía mixta más que nacionalización. De esta manera no se corta el poder económico y político de las empresas. En otros términos, las empresas petroleras siguen vinculadas orgánicamente al Estado. En definitiva, se llega a la “conclusión que no existe nacionalización en sentido estricto de la palabra”. Tal aseveración es fundamentada por diferentes situaciones políticas que atraviesa Bolivia (simplemente como ejemplo está la renuncia del Ministro del área). Sin embargo, la apuesta por la Asamblea Constituyente apuntaría a la recuperación de los RRNN y la anulación del modelo neoliberal.

En Bolivia, el recurso hídrico es, sin duda, abundante, pero significativamente frágil, cinco de nueve ciudades de departamento no tienen acceso al agua potable las 24 horas; Cochabamba es el caso más crítico de desabastecimiento. La fragilidad de estos sistemas de agua se explica por la contaminación existente en aguas superficiales y subterráneas.
Por otra parte, el agua se encuentra en proceso de privatización mundial y nacional. Así, el agua está parcialmente mercantilizada en acuerdos de libre comercio; en ellos, se la considera como una necesidad y no como un derecho, por tanto el agua está involucrada en diferentes niveles: acceso a mercados, inversiones, servicios. En el caso concreto de Bolivia, el marco legal está a favor de tal privatización puesto que la legislación es totalmente obsoleta: la normativa data de 1906 y actualmente no existe una ley general de aguas.
No obstante, se han desarrollado y se están desarrollando acciones de resistencia desde los movimientos sociales: 1. La Guerra del Agua de Cochabamba del 2000 (Coordinadora del Agua, Regantes); 2. La lucha de FRUTCAS por evitar la exportación de aguas; 3. La lucha comunitaria contra las EPSAs; 4. La lucha contra la contaminación (Oruro, Potosí, Tarija); y, 5. La Guerra del Agua de El Alto y La Paz (FEJUVEs, vecinos).
Las acciones sociales apuntan, por ejemplo, a la revisión de las leyes, la defensa del derecho humano al agua, la defensa de usos y costumbres, no al juicio de Bechtel contra Bolivia, no a los TLCs, el agua como derecho humano y como bien de la naturaleza. A todo ello se suman las premisas con las que está trabajando la Coordinadora Nacional del Agua. Dichos esfuerzos se unen a las campañas internacionales de defensa del agua como derecho humano.
Inesperadamente, en la actualidad hay una acción concreta que atenta contra el control social de las nuevas normativas en la temática agua. La aprobación de un Proyecto de Ley, por parte de la cámara de Diputados, que crearía una suerte de autonomía departamental de hecho para Santa Cruz en el tema agua. Este Proyecto de Ley cuenta con el aval de personas claves vinculadas a las organizaciones sociales que ahora se encuentran en calidad de funcionarios gubernamentales; se ha excluido la participación de organizaciones como la Federación de Campesinos y la organización de Regantes quienes podrían ser los organismos sociales más indicados para elaborar una propuesta de Ley que respete las consignas de lucha de los sectores sociales.
Segundo bloque temático:
EXPERIENCIAS CONCRETAS DE LUCHA Y PROPUESTAS SOBRE PROPIEDAD, GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES
En el segundo bloque se presentan tres experiencias concretas de gestión y control de RRNN en Bolivia, además se incluyen algunas ideas clave de los comentarios y participaciones.

La ribera del río Desaguadero en Oruro, cuenta con actividades pecuarias, agrícolas y piscícolas como principales actividades económicas. En la zona existen alrededor de 300 minas en actividad que incluyen la minería grande (6 empresas), mediana (4 empresas) y cooperativizada (290). En cuanto a la minería grande destacan las minas de Kori Kollo y Kori Chaca de la empresa Inti Raymi, en la cual se realiza la extracción del mineral a cielo abierto con cianuro de sodio.
Dicha actividad minera trae consigo enormes problemas ambientales tanto en el agua como en la tierra y dejando, a la vez, consecuencias muy negativas en la flora, avifauna y en la fauna de la región. Por estas razones, se ha conformado la Coordinadora de la Ribera compuesta por las diferentes comunidades afectadas. Lo que se demanda es la realización de auditorias ambientales en la ribera del Lago, desalojo de algunas empresas como Inti Raymi y la reformulación de la Ley Ambiental y el Código de Minería, así como la nacionalización minera y la prohibición de químicos en operaciones mineras.
Esta situación está afectando directamente el derecho al territorio puesto que ni siquiera se cuenta con los beneficios de explotación, y más aún, se está afectando los RRNN propios de las comunidades. Así mismo, cada día se reduce más el caudal y la calidad del agua, los suelos son cada vez más improductivos y ya no existe forraje para los animales; finalmente, se pone en riesgo continuo la salud de los habitantes de dichas regiones. Tal situación provoca el empobrecimiento de la calidad de vida de las comunidades y los elevados índices de migración externa.

El problema de la industria extractiva se enmarca en distintos aspectos de la realidad, pero el más significativo es aquel que lo sitúa en un ámbito de conflicto entre los intereses públicos y los intereses privados. Desde esa perspectiva, se puede ubicar concretamente varias concesiones petroleras en territorios indígenas que tienen una titulación como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como es el caso de las comunidades del pueblo guaraní.
Las actividades petroleras generan una serie de impactos negativos: 1) Impactos sociales como el encarecimiento del nivel de vida debido a la destrucción de caminos, así como la inseguridad en las comunidades por la presencia de ladrones y extraños. 2) Impactos ambientales como la destrucción del hábitat y los nichos ecológicos con gran biodiversidad; está también la extracción de madera y la caza ilegal. 3) Los impactos culturales como la generación de conflictos, división y debilitamiento de los líderes y de la organización; o la introducción de costumbres ajenas a la cultura de las comunidades (cambio de hábitos y costumbres de la comunidad, tipos de vivienda, consumo de alimentos). 4) Impactos económicos como las negociaciones privadas y poco transparentes que disminuyen la capacidad de negociación de los dirigentes y comunidades, además de las falsas expectativas de compensación para las comunidades, por mencionar algunos.
Desde 1997 el territorio indígena Itika Guasu del Pueblo Guaraní sufre el ingreso de diversas empresas petroleras. Desde ese primer momento, la comunidad se encuentra en permanente proceso de negociación; no obstante, a la fecha ya se han perforado varios pozos y se tienen planeado la perforación otros cinco más. El desafío que tiene la comunidad es lograr una compensación acorde a lo que ellos plantean en su Plan de Desarrollo Indígena (PDI) puesto que la resistencia y el enfrentamiento con las empresas se despliegan en un marco legal totalmente adverso.
Un aspecto importante que se evidencia a partir de la temática tratada es la pertinencia del Convenio 169 de la OIT para los procesos de negociación y reivindicaciones indígenas. Se indica que el Convenio es bastante general, razón por la cual no está adecuado a la realidad nacional. Es necesario reglamentar el Convenio para las grandes minorías.

Existe una gran cantidad de concesiones petroleras y mineras en la provincia Ayopaya; de la misma forma, gran parte del territorio provincial ha sido designado como áreas protegidas. Es por dichas razones que en la provincia Ayopaya se desarrollan conflictos territoriales (de ocupación, manejo y administración).
Ante esta situación, las comunidades de la provincia, constituidas orgánicamente, plantean hacer caso omiso de las designaciones estatales y al mismo tiempo proponen la movilización para la anulación del Parque Altamachi–Cotacajes y todas las concesiones mineras; la urgente conclusión del trámite de TCO; la ocupación comunitaria del territorio en el Norte Ayopaya para el respectivo cuidado y control de los RRNN; así como la elaboración de un Plan de Control y Manejo Comunitario del Territorio; y finalmente, el logro de la creación del Municipio Indígena Originario y la autonomía indígena originaria.
En este contexto de tanta riqueza natural, se abre la posibilidad de hablar y discutir el tema del ejercicio de la autodeterminación de las comunidades indígenas para el control de los RRNN, ello apuntaría al desarrollo de la propuesta de Autonomías Indígenas del Pacto de Unidad.
Tercer bloque temático:
TERRITORIO Y AUTONOMÍAS INDÍGENAS
El tercer bloque está compuesto básicamente por la exposición de Sarela Paz y los comentarios, opiniones y participaciones posteriores a ella.

Para referirse al concepto de autonomía es necesario recurrir a dos elementos fundamentales, el primero es la noción de autodeterminación y el segundo el tema de la redefinición territorial del poder político.
La noción de autodeterminación puede entenderse de distintas maneras; no obstante, la forma principal de entenderla es como la capacidad de conducción de sí mismo. Esta noción apela a un colectivo, no es una noción que se aplica al sujeto individual, sino a una comunidad o colectivo humano.
Pensar el tema de derechos a partir de la noción de autodeterminación también nos exige plantear los derechos en términos colectivos. Estas reflexiones nos llevarían a replantear el tema de ciudadanía. Las decisiones sobre los RRNN tienen un carácter colectivo, de esta manera, la propuesta que tiene los pueblos indígenas implica el ejercicio de este derecho colectivo, la posibilidad de que el pueblo decida de manera colectiva sobre sus recursos naturales.
La estructura republicana que tenemos en Bolivia constituye una definición territorial del poder político; es decir, la forma de organizarnos en una Nación, por departamentos, provincias y municipios, es una forma real de poder político. Entonces el debate sobre autonomías, necesariamente debe incluir el planteamiento de una redefinición territorial de este poder político.
La propuesta de autonomías departamentales resulta en esencia una propuesta de descentralización. Según Juan Carlos Urenda existen dos formas de autonomía, la descentralización administrativa y la descentralización política. Esto se explica así a partir del interés de reglamentar y normar competencias, sobre todo a normar aspectos referidos a recursos naturales. Bajo la figura de esta forma de autonomía, léase descentralización política, los departamentos tendrían atribución de desarrollar su propia normativa acerca de los RRNN.
En cambio, en la propuesta de las autonomías indígenas se sigue la noción de autonomía como la “capacidad de conducción de sí mismos”, al mismo tiempo, tal propuesta es enriquecida con un elemento central que refiere a necesidad de romper la forma colonial en la que se encuentra el Estado boliviano; es decir, incluye el elemento descolonizador. Estos dos elementos hacen de la propuesta del Pacto de Unidad un aporte significativo para transformar la visión de ciudadanía, sobre todo por el explícito planteamiento de un sujeto colectivo. De la misma forma, el tema de orden territorial no solamente es un tema meramente administrativo, es un tema que cuestiona la estructura de poder, por tanto es imperioso discutirlo y reflexionarlo en el contexto de la Asamblea Constituyente.
Existen tres puntos que deben incluirse en el debate general sobre autonomías indígenas; el primero se refiere al esfuerzo de pensar estas formas de autonomías para otros sectores de la sociedad que no son indígenas; el segundo, es la autocomprensión de la noción de autodeterminación de los pueblos indígenas, puesto que en la coadministración de los RRNN encontramos una relación directa con el Estado; finalmente, el tercer punto se refiere a la demanda de un Estado Plurinacional lo cual implica, como elemento base, que se rompe el monopolio de la fuerza.
El planteamiento de las autonomías indígenas también implica problemáticas a reflexionar. Uno central es de la elección de autoridades y la pregunta de dónde se incorporarían dichas autoridades en las estructuras estatales.
Cuarto bloque temático:
PROPUESTA DE AUTONOMÍAS TERRITORIALES INDÍGENAS Y RECURSOS NATURALES
La propuesta fue elaborada con la participación de varias organizaciones, entre ellas cuentan cinco organizaciones a nivel nacional y otras cinco a nivel regional.
En la estructura del Documento de las organizaciones se presentan los ejes centrales que están compuestos por el Modelo de Estado, el Ordenamiento Territorial y Autonomías y el Régimen de Tierra y Territorio; se cuenta además con otros tres ejes específicos que refieren a Régimen económico, Régimen social y Derechos, deberes y garantías.
Se plantea un Estado Plurinacional Unitario que trascienda el modelo de Estado liberal y monocultural cimentado en el ciudadano como individuo. Bolivia no es una sola nación con un Estado, es un Estado en el que habitan diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una convivencia solidaria y pacífica. Se entiende que el Estado Plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de las naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo la autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien y con una visión solidaria.
Los principios del Estado Unitario y Plurinacional son el pluralismo jurídico, la unidad, la complementariedad, la reciprocidad, la equidad, la solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción.
El Estado Plurinacional se basa en Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas para definir políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos, y para lograr un camino hacia la autodeterminación como naciones y pueblos.
La propuesta de autonomías territoriales comprende la conformación de autonomías indígenas, originarias y campesinas, y autonomías interculturales urbanas, las cuales conformarían las autonomías regionales. Se establece, también tres niveles autonómicos: el local y el intermedio, que tendrían igual jerarquía constitucional; y nivel el central.
El ordenamiento territorial establece la nueva división política y administrativa del país sobre la base de las autonomías. Para el caso de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos las autonomías territoriales se autoconstituirían a partir de sus propios criterios lingüísticos, históricos, culturales, organizativos y de continuidad geográfica.
Una de las principales competencias de las autonomías indígenas sería la de definir políticas, planificar y administrar bienes y servicios territoriales: tierra, recursos naturales renovables, educación, salud y otros, de acuerdo a las visiones y prácticas culturales propias y en articulación con el Estado Plurinacional.
En cuanto a los recursos naturales no renovables la Propuesta de las organizaciones plantea el dominio originario de los mismos en manos de los pueblos indígenas y originarios y el derecho propietario compartido entre estos pueblos y el Estado Plurinacional.
Cabe aclarar que la propuesta no está totalmente terminada, se trata de una propuesta en permanente construcción, por tanto no es definitiva; en este sentido aparecen ciertas debilidades. Uno de los aspectos que todavía falta trabajar es el de la articulación área rural con área urbana. Se manifiesta que es necesario tender puentes, establecer alianzas, para lo cual primero se debe entrar en un diálogo entre las organizaciones del área urbana y rural bajo el principio de respeto mutuo. En dichos espacios de diálogo es importante la participación de intelectuales, universidades y otros. Una principal acción podría ser la información y discusión de la presente propuesta para buscar intereses comunes entre campo y ciudad.