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Opinión

Fernanda Wanderley

 La carretera por el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) vuelve al debate público. El presidente Evo Morales, en su discurso del 6 de agosto, mencionó el tema de la carretera insinuando que se retomará la construcción. Recordemos que pasó hace tres años, en 2011, cuando se produjo el conflicto entre el gobierno del MAS y los pueblos indígenas de tierras bajas.

La oposición de los pueblos indígenas a la carretera que atravesaría su territorio, fue entendida por los y las bolivianas como legítima y razonable, debido a los evidentes impactos sociales, culturales y ambientales.

Cuando se produjo la represión violenta a la marcha de los indígenas, el país y la comunidad internacional se conmocionaron. La indignación frente al uso de la violencia contra niños, mujeres y hombres, que reclamaban pacíficamente el cumplimiento del principio constitucional a la consulta previa, libre e informada, incendió manifestaciones en todo el país.

Indignación que se potenció por tratarse de un Gobierno que se autoproclamó representante de los movimientos sociales y de los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra.

La posición intransigente del Gobierno a favor de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio significó un punto de inflexión del gobierno del MAS. Fue una prueba de la ausencia de voluntad política para hacer cumplir los derechos colectivos y ambientales establecidos en la Constitución Política, impulsada y aprobada por el mismo Gobierno.

Quedó claro que el modelo de desarrollo efectivamente promovido no incorporaba el principio de sostenibilidad ambiental ni los derechos colectivos. Se desnudó el carácter meramente discursivo del paradigma del vivir bien y de la defensa de la Madre Tierra, que defendió tan histriónicamente el "proceso de cambio".

La discusión pública y el involucramiento de diversos actores que formaban la base social del Gobierno desveló las bases clasistas del Ejecutivo. Quedó evidente que los intereses de los colonizadores, incluyendo a los cocaleros, los comerciantes y transportistas, latifundistas y las transnacionales, se sobreponían a los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas y la defensa del medio ambiente.

En este momento los indígenas fueron apuntados por ministros y senadores oficialistas como enemigos del "pueblo boliviano" y sus demandas fueron minimizadas como "irracionales, no inteligentes, contrarias al desarrollo del país y supeditadas a las agendas de las organizaciones medioambientalistas o de la oposición".

Después de ocho años de gobierno ya no queda duda que el proyecto político del MAS promueve el enriquecimiento de viejas élites económicas, principalmente de los sectores financiero, comercial, construcción y agroindustria.

La novedad es el ascenso de nuevas élites de ascendencia aymara y quechua, que se suman al milagro boliviano. Está claro que las acciones y políticas del Gobierno reproducen el más convencional de los modelos de desarrollo: la modernización de la economía a base de la profundización del patrón extractivista, un capitalismo de Estado con la consolidación de la gran empresa pública y privada, la expansión de la frontera agrícola por los agroindustriales y la total desatención en relación con los costos ambientales y al fortalecimiento de las asociaciones de pequeños productores.

Vale la pena recordar la consigna que enarbolaron los y las bolivianas en apoyo a la movilización de los pueblos indígenas: "El TIPNIS somos todos. Otro desarrollo es posible". Frase que reclamaba el cumplimiento de los compromisos del "proceso de cambio": profundización de la democracia, inclusión social y política de los pueblos indígenas, respeto por la Madre Tierra en el marco de un nuevo modelo de desarrollo fundado sobre el pluralismo político, económico y social.

Por lo tanto no estamos en la vía de otro desarrollo, verdaderamente posneoliberal, poscapitalismo de Estado y postextractivista, fundado sobre nuestra realidad plural, que encamine políticas públicas hacia un nuevo patrón de generación y distribución de riqueza. Proceso que requiere de otros mecanismos institucionales de relacionamiento Estado-Sociedad posprácticas prebendales, asistencialistas, de intimidación y abuso de poder.

• Es socióloga e investigadora.

 

Visto 1683 veces Modificado por última vez en Lunes, 01 Septiembre 2014 04:29
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