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Opinión

• Rafael Puente

Cochabamba, 3 de octubre de 2014. Cuando el candidato del MSM denunció que más de 300 difuntos (sólo del cementerio de La Paz) estaban habilitados para votar hubo diferentes respuestas, desde la que pronunció el primer candidato del MAS en Santa Cruz, haciendo referencia a que el denunciante era un "cadáver político” -respuesta de mal gusto y expresión de falta de argumentos- hasta la respuesta del Tribunal Constitucional echándole la culpa a las familias de los difuntos -respuesta triste pero que por lo menos va al tema-, pero a nadie se le ocurrió preguntar por qué se suponía que los difuntos iban a votar por el partido de gobierno.

Precisamente por ser difuntos cabe suponer que están libres de intereses personales y al margen de cualquier presión (de chicote o de lo que sea). De hecho, el Tribunal los considera tan imparciales a que varios de ellos los ha designado jurados electorales…

Lo que queda claro, más allá de comentarios jocosos, es que en un Estado que se está modernizando esas cosas no debieran ocurrir. Un padrón electoral no puede depender de que los familiares de un difunto registren o no su cédula de identidad.

Y cabe preguntarse si algunos de esos difuntos -los de la tercera edad- podían seguir cobrando su Renta Dignidad, o su jubilación, porque si así fuera quedaría claro que los familiares pueden tener motivos para no registrar la cédula de identidad.

Es pues evidente que algo está fallando, y frente a eso lo sano sería admitir la falla y ponerse a corregirla, no responder con evasivas, menos aún con sarcasmos, ya que este tipo de reacciones lo que hace, a la larga, es sembrar dudas sobre el proceso electoral. ¿O usted cree que se les puede contar estas historias a los observadores internacionales, que ya han empezado a llegar a nuestro país?

Pero lo grave es que llueve sobre mojado. Primero vinieron las discutibles maniobras de cambio de las circunscripciones uninominales; luego vino la serie de candidatos impresentables; después la negativa del partido de gobierno a participar en debates (porque supuestamente en las candidaturas de oposición no hay interlocutores válidos, una altanería poco democrática).

Después vinieron las excusas del Tribunal Electoral para justificar actos de campaña oficialistas, que en teoría estaban prohibidos; luego la afirmación de que el MAS estaba dispuesto a pagar las multas que fueran necesarias para infringir normas; después  el visible uso de los bienes del Estado para hacer campaña; después -en algunos lugares- la prohibición del voto cruzado bajo pena de chicote, o la amenaza -concretamente en el Trópico de Cochabamba- de multar con 400 bolivianos a quien se abstenga de votar, y ahora este chiste de los difuntos habilitados…

Compañeros del MAS y del Gobierno, ¿tiene algún sentido desprestigiar estas elecciones en las que está asegurado el triunfo de Evo? ¿A quién puede beneficiar ese desprestigio? ¿No sería mucho más constructivo esmerarse en que no quede sombra de duda sobre la legitimidad de las elecciones del 12 de octubre, sobre la limpieza del proceso, sobre el espíritu democrático del partido ganador?

No olvidemos que el 13 de octubre empieza a diseñarse un nuevo proceso electoral, en el que ya no está en juego la figura indiscutiblemente ganadora de Evo, y para el que va a tener mucha más importancia el comportamiento positivo, convincente y respetuoso del partido que Evo preside (como también un comportamiento serio e independiente del Órgano Electoral).
¿No sería mucho más beneficioso para todos, y de manera especial para el partido ganador de las elecciones, que en éstas no participen los difuntos, ni los eventuales clonados, ni nada por el estilo?

Sé que quedan pocos días para un cambio de actitud, pero de todas maneras me parece imprescindible; y más vale tarde que nunca…

  • Miembro del Colectivo Urbano para el Cambio (CUECA).
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