Esta crisis ya se siente en el Departamento de Cochabamba, de una población de 1.758.143 habitantes (INE 2013), solo el 54% (280.202) de los hogares tienen agua para consumo humano, y el 46% (235.635) de los hogares no tiene agua por cañería. Esta realidad se agrava si vemos los datos del área urbana y rural, es decir, en el área urbana, un 35% de los hogares carecen de conexiones domiciliarias y en el área rural un 63%.
La situación de escasez de agua en el país, tiende a crecer debido a varios factores, entre ellos: creciente consumo de agua por aumento de la población, contaminación del agua, degradación de los recursos naturales, cambio climático, y falta de infraestructura. Factores que no son de atención prioritaria para el Estado, y/o son débilmente atendidos, lo que se traduce en que la inversión pública en agua y saneamiento básico apenas llegó a 1.674 millones bolivianos que representa el 3.5%, en relación al Presupuesto General del Estado que fue de 210.347 millones de bolivianos el 2017. A ello se suma que en Bolivia, los deficientes mecanismos de control y fiscalización de instancias públicas son ineficientes, y carecen de institucionalidad en los diferentes ámbitos de gobierno nacional y subnacionales (gobernaciones y municipios).
Está demostrado que el Estado es incapaz de resolver los problemas de escasez ni acceso a agua de calidad, por ello las comunidades y actores rurales por iniciativa propia están desarrollando acciones en torno al agua, por ejemplo en la Unidad Educativa Santa Rosa de Lima (Arbieto, Cochabamba), por un lado identificaron problemas, y por el otro, analizaron alternativas de solución que les permitan generar una nueva forma de relacionamiento con el agua, en tanto derecho humano fundamentalísimo e indispensable para la vida.