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En la Constitución Política del Estado (CPE), Bolivia se constituye como Estado Plurinacional, y se reconoce la existencia precolonial de los Pueblos Indígenas Originarios, su libre determinación y sus estrategias de autogestión territorial, también respalda su cosmovisión (Art. 2 y 30 - CPE). Asimismo, el Estado boliviano asume la responsabilidad de garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible –entre éstos el agua– con la finalidad de salvaguardar el bienestar de toda la población (Art. 342 y 345 - CPE).

En el país el “Pluralismo Jurídico” es una de las bases fundamentales del Estado Plurinacional, porque reconoce la coexistencia de sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y la justicia ordinaria y agroambiental en Bolivia.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) hizo la entrega oficial al gobierno de Bolivia de un cuestionario para conocer el estado del proyecto de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Las respuestas al cuestionario serán incluidas en el informe de la comisión del Tribunal sobre su visita a Bolivia que será presentado en octubre.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y el Ministerio de Salud, han desarrollado la siguiente lista con el fin de aportar claridad sobre los plaguicidas prohibidos y restringidos, de modo que los productores y público en general esté informado sobre qué plaguicidas tienen características altamente peligrosas y no deben ser utilizados para una producción.

En la comunidad de Trinidacito, zona central del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el pasado 17 de agosto se instaló por primera vez una audiencia pública, a cargo de una comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que llegó a nuestro país, para verificar las denuncias de vulneración de derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas ante la amenaza de la construcción de una carretera por medio de ese territorio.

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