Desde 1953, la ciudad de Cochabamba ha enfrentado una recurrente escasez de agua que llevó a plantear la construcción de la represa Misicuni como una posible solución. Sin embargo, el Cambio Climático y la cada vez más aguda escasez hídrica después del año 2000, han llevado a los cochabambinos a depositar sus esperanzas en la construcción de esta mega obra con el anhelo de garantizar el derecho fundamental al agua, tanto en cantidad como en calidad, derecho que fue conquistado tras la Guerra del Agua.

“Nuqayuqta yaku juturi ladera tiyan, tumpa ch’akiy munachkan, chay juturimanta yaku chinkachkan, mana ñawpata lluqsichkarqa jinañachu, pisiyan, mana chayllapichu, waq comunidadespipis Sacaba ukhupi, Sacabata k’uchuman k’uchu rikuni, juturis ch’akipuchkan. Las vertientes se están secando, ya no hay agua para consumo”. Luis Arévalo Cadima, Chimboco, Sacaba

Después de casi 70 años, entre retrasos en la construcción, corrupción, falta de recursos económicos, etc., hoy la mega obra está concluida y la distribución - gestión- del agua es motivo de movilizaciones y cuestionamientos de parte de organizaciones sociales de agua potable en Cochabamba. Lejos de la realidad utópica con la que se concibió la construcción de Misicuni, en la actualidad está demostrando ser un modelo de control estatal, muy similar al privado, donde se prioriza la rentabilidad económica por encima de la sostenibilidad y los derechos humanos. Claro ejemplo de ello es el establecimiento de la tarifa del agua de Misicuni en febrero de 2023, aprobada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), sin la participación de las organizaciones sociales. Ante esto la gente de base, rechaza y entiende este hecho como una imposición que vulnera el derecho de participación establecido en el Art. 241 y 242 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.);  y cuestionan los “altos costos”, observan intención de “privatización” así como lo plantearon desde el gobierno de Hugo Banzer en el año 2.000.

“Pozosniykuta dueñochakapuyta munanku alcaldía, chaymanta marchapi kachkayku, munayku yaku kananta. Pozosniyku nuqaykupta, qullqiykuwan, cuota churakuspa ruwachikurqayku, chayta nuqayku kikin apaykachakuyta munayku. Mana kay wata paranchu, yaku pisiyachkan, q’ala yaku pozos ch’akiykapuchkan, kunan Misicunimanta quwachuyku, niyku, ¡mana munachkankuchu!, achkha qullqitaraq munanku. Comunidades yakuta apaykachanayku tiyan, chay aswan kusa, Misicuni, alcaldía imaqa precios wicharichinqanku, ni llank’aypis kanchu, ni qullqipis kanchu. Los dueños de los pozos somos nosotros y nosotros tenemos que administrar. Quieren que paguemos mucho dinero para tener agua de Misicuni, no estamos de acuerdo, por eso marchamos”. Juana Espinoza, Canarrancho – Tiquipaya

La gestión colectiva del agua es una práctica que ha funcionado desde siempre en Cochabamba. Es la autogestión del agua por parte de las comunidades u organizaciones sociales, así se planteó también tras la Guerra del Agua en Cochabamba, la gente de base es la que gestiona el agua de acuerdo a sus necesidades, usos y costumbres. Para garantizar agua de consumo y riego se organizan en cooperativas, comités y asociaciones, formas de organización para autogestión del agua.

La gestión colectiva-comunal del agua, sienta sus bases en la democracia comunitaria, es asamblearia, de manejo plural y diverso, está en manos del pueblo. No debe tener un control político ni empresarial. Actualmente desde entidades estatales – empresariales, donde prime la oferta y demanda y se instale la monopolización de la gestión del agua, frenando y promoviendo la desaparición del modelo social comunitario establecido, cuya vigencia y funcionamiento se remonta a los orígenes de la comunidad campesina.

“Dicen que actualmente no hay una empresa, que dé la tarifa que da Misicuni, nosotros sí damos, damos como cooperativa una tarifa social comunitaria, la cooperativa de Quintanilla, 50 años se ha ocupado de suministrar el líquido elemento, sin ayuda ni participación del Estado, nos debe llamar la atención cuando desde entes estatales nos imponen tarifas sin la participación social. Hemos hecho un logro la Ley 3470 (de creación de la empresa Misicuni, reconoce y respeta a las diferentes Organizaciones de Agua Potable y Alcantarillado y a las Organizaciones de Regantes) debemos hacer trabajar para que en los lugares donde no llega el agua se dé y se haga un estudio serio, la tarifa que damos actualmente se incrementaría al 200%, si nosotros vamos a distribuir el agua con los costos que propone Misicuni, antes se debía haber socializado este estudio, se debe establecer una tarifa que beneficie a la población, ¡¿de quién es MISICUNI?, ¡es de los bolivianos…!” Richard Gutiérrez, Quintanilla, Distrito 2 - Sacaba

“Nos han informado que el gobierno habría decidido expropiar nuestros pozos de agua (a través de su propuesta de establecer EPSAS municipales), esos pozos son de propiedad colectiva, de las comunidades y se distribuye el agua con precios baratos-accesibles ¿Por qué el gobierno quiere intervenir nuestros pozos?, porque los municipios cada vez tienen menos presupuesto, el poder central les está recortando sus presupuestos igual que a las gobernaciones, y así como les recortan presupuesto, les aumentan obligaciones, los municipios quieren controlar los pozos de agua, ellos distribuir el agua poniendo sus tarifas, encareciendo el agua, por esa vía nos van a vender nuestra propia agua, ¡eso no aceptamos!, porque van a cargar sobre nuestras espaldas esta crisis económica. Si los municipios son azules, son masistas no quieren pelearse con su gobierno”. Miguel Lora Ortuño, comunidad Bruno Moqo - Tiquipaya

¡No estamos de acuerdo con la tarifa establecida por Misicuni!

En febrero de 2023, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) aprobó el estudio de tarifas y el Plan de Desarrollo Quinquenal (2022-2026) de distribución de agua en bloque, tanto cruda como potable, de la Empresa Misicuni a los municipios del eje metropolitano de Cochabamba: Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.

Según la AAPS, se establece el sistema de cobro en tres categorías. La primera es “agua cruda” cuyo precio será de Bs. 0,77 el metro cúbico (m3). La segunda es “agua potable”, la cual se divide en dos subcategorías: tarifa social: Bs. 1,83 el m3 y la regular: Bs 1,94 el m3.

Queda claro que Misicuni ha establecido precios sin participación, ni control social. Las organizaciones sociales de agua potable del eje metropolitano de Cochabamba rechazan la tarifa establecida actualmente de Bs. 1.94, sosteniendo que esta no fue “trabajada, construida, ni socializada” con las organizaciones sociales.

El Comité de Defensa de Tierras Agrícolas y de la Madre Tierra (CODETAMT), de manera conjunta con las organizaciones afectadas, se reunió en espacios de análisis, debates, propuestas; que han finalizado en movilizaciones, rechazando la tarifa aprobada de manera unilateral por la AAPS.

“Los nuevos precios del agua de Misicuni establecidos afectan a la economía de la gente, ¡No estamos de acuerdo con la tarifa establecida por Misicuni! Nos movilizamos para demostrar que las organizaciones tenemos que administrar las aguas de Misicuni, para riego y agua potable, si no lo hacemos, vamos a volver atrás como cuando las empresas transnacionales querían agarrar el negocio del agua y vendernos a un precio enorme, ¿estamos queriendo volver a eso?, pero, ahora ya no son las transnacionales, sino son los municipios y organizaciones estatales los que están queriendo succionarnos la plata, la AAPS que depende del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente, estos son los que aprueban la tarifas sin consenso, sin consultar a las organizaciones sociales, dijo durante la marcha en rechazo a la estructura tarifaria presentada por la empresa Misicuni, el mes de febrero, 2023". Manuel Castro, Presidente de CODETAMT

Por su parte, el gerente de la empresa, Ramiro Ríos en declaraciones al periódico “Los Tiempos”, informó que el estudio se hizo tomando en cuenta los gastos de operación, mantenimiento y producción. “Esta tarifa está vinculada a los operadores, estamos hablando de comités de agua, cooperativas, Semapa, Emapas y otros, no al usuario final”, aclaró. Ríos dijo que “en función al estudio los comités deben definir su propia tarifa de acuerdo con su realidad”.  

La AAPS establece como condicionante para la dotación de agua a los municipios del eje metropolitano, la creación de EPSAS municipales. Omar Fernández, de la CODETAMT, dijo: “Son modelos que responden a épocas de la privatización, no responde a la C.P.E, ni a las normas vigentes”.

“¿Quién va a tener el control político del agua?"

“La Constitución Política del Estado dice que se puede implementar un modelo mixto, público, social comunitario. La Ley de Misicuni (Ley Nº 3470) sostiene que se puede crear un modelo social comunitario, a través de asociaciones, comités, cooperativas, organizaciones sociales de agua potable. Hay un fin en la exigencia de conformar EPSAS en los municipios, el de control político del agua. Los alcaldes de Sipe Sipe, Vinto, Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, y ahora el alcalde Colcapirhua, son masistas, hay todo un plan para tener el control, ya que el agua es poder”. Omar Fernández, CODETAMT

Asimismo, las organizaciones de agua potable de las OTBs y/o comunidades, demuestran que la gestión y distribución de agua tiene y puede tener un costo más bajo.

“El agua es un derecho humano. En nuestra comunidad nosotros hacemos tratamiento del agua, después que nos ha costado de nuestro dinero perforar los pozos, después de transporte, medidores, nuestro operador, energía eléctrica y todo, nos sale a Bs. 1, pero no le ha costado al Estado, nos cuesta a nosotros. No estamos de acuerdo con las tarifas de Misicuni”. Alicia Aguilar Sánchez, Tiquipaya

“La coordinadora se ha reactivado el 2016, a partir de la sequía que hubo ese año, lo conforman diferentes sectores de Cochabamba. El agua de Misicuni que nos ha tomado bastante tiempo a los cochabambinos, hasta el momento supuestamente ha llegado a la zona sud, pero no ha llegado al domicilio de los vecinos. Antes de que concluya la construcción, no ha sido planificada su distribución, por eso el agua se va por el río Chikllawiri y Chocaya, están desperdiciando el agua. Los del gobierno, gobernación, Misicuni y las alcaldías no han planificado. A los vecinos nos están diciendo ‘ustedes vean la forma cómo van a llevar el agua a sus barrios. Si ustedes quieren agua tienen que hacer un trámite a Misicuni para que tengan Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario (EPSA), tienen que presentar su Personería Jurídica y si no tienen eso, no va a llegar a los barrios pequeños. Con esas condiciones no estamos de acuerdo. El tarifario que ha aprobado la AAPS, sobre la distribución de agua de Misicuni, debe ser tarifa plana, que SEMAPA también tiene que aprobar. Estamos en etapa de análisis en los barrios, no estamos de acuerdo en que los costos se aprueben sin consulta a las organizaciones”. René Quispe, representante de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida

“Nosotros gestionamos el agua de manera colectiva”

“La misma gente nos hemos organizado y estamos manejando estos sistemas. Durante tantos años ha manejado las organizaciones sociales, el municipio no puede, peor si se establecerán las EPSAS. En Tiquipaya hay asociaciones de agua por cada OTB, ellos son los que administran el agua sin ningún problema. ¡Rechazamos la tarifa! No nos han convocado para realizar el estudio tarifario del agua, se debería hacer con la participación de los usuarios, las tarifas son muy elevadas, todavía hay que sentarse y analizar de bajar los precios. Cuestionamos por ejemplo que ENDE esté utilizando el agua, más de 3 mil metros cúbicos y no está pagando lo que debía pagar. Tiquipaya y Quillacollo tienen fuentes de los que el agua está entrando a Misicuni para acumularse, para nosotros tiene que haber otra tarifa. Nosotros para riego sacamos la hora de agua de ‘machu mit’a’, de 100 l/seg. cuesta Bs. 10 para extras, si eres usuario cuesta Bs. 4, Misicuni el agua que va a Chikllawiri el doble quiere cobrarnos, tienen pues que bajar los precios a lo que nosotros manejamos para poder apoyar al desarrollo productivo de las comunidades y el vivir bien”. Andrés Melgarejo S., Asociación de Regantes de Tiquipaya

Queda claro que el Estado a través de las acciones de la AAPS y la empresa Misicuni, están impulsando la monopolización de la gestión del agua en Cochabamba. Este enfoque ignora la naturaleza mixta de la gestión del agua establecida en la C.P.E. (Art. 374), que incluye la participación de sectores públicos, sociales y comunitarios en su administración. Asimismo, el enfoque también parece ignorar las demandas de las organizaciones sociales de agua para establecer tarifas justas y accesibles para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es necesario que los responsables de la gestión del agua que representan al Estado dejen de vulnerar los mandatos constitucionales establecidos en los Arts. 241 y 242, que dispone: “I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas” (…)“VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad”,  y que tomen en cuenta las necesidades y demandas de la sociedad y trabajen en conjunto para desarrollar un modelo justo y equitativo, que garantice el acceso y la sostenibilidad del recurso hídrico para las presentes y futuras generaciones.

APUNTES:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA:

Artículo 374.

1. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos.
2. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus
   autoridades locales y de las organizaciones indígena originarias campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.
3. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Redacción:

• Nelly Perez Costana - Área Comunicación
• Yasin Peredo Ramírez - Área Gestión Colectiva del Agua

CENDA - BOLIVIA