Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes; así lo estipula el artículo 374 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
No obstante, independientemente de quien se encuentre en el poder, queda demostrado que en muchos casos lo estipulado por la CPE queda como un escrito formal, lejos de ser aplicado en la realidad. Tal es el caso del Municipio de Poopó, donde, comunidades alejadas de los centros urbanos quedan relegados y vulnerables frente a los efectos de la contaminación y la escasez hídrica.