Estudios recientes demuestran que el Poopó es una zona de sacrificio, donde la minería está por encima del bienestar del hombre y el medio ambiente, hay más de 400 concesiones mineras y alrededor de 5.798 hectáreas de pasivos mineros acumulados.

En Bolivia los pronósticos de crisis y recesión económica han motivado a algunas comunidades campesinas a incursionar en actividades extra agropecuarias tales como la minería de oro, el narcotráfico y el contrabando, esta última en menor medida, pues requiere recursos para su inversión.

Los datos muestran que el Gobierno de turno, sin importar el color político, tiene como política pública seguir impulsando el extractivismo minero. Este mensaje es también recibido con entusiasmo en algunas comunidades, quienes se dan modos para impulsar la minería, en algunos casos una minería artesanal y en otros una minería apoyada por inversionistas privados, a quienes están dispuestos a reconocerles hasta el 70% de las ganancias que reporte la explotación de la minería de oro.

Es un hecho que a nivel nacional no existe una regulación ambiental rigurosa para las actividades extractivas. Si hablamos de normas y leyes que regulan al sector minero y otros sectores afines, nos encontramos con una serie de incoherencias, vacíos o simplemente artículos que no reflejan la realidad que se vive en el país. Por ejemplo, la Ley de Minería y Metalurgia, en su artículo 219 menciona que: “…es responsabilidad de los concesionarios (titulares de derechos mineros) prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar/rehabilitar las áreas explotadas de acuerdo a normas ambientales aplicables”.

La explotación minera, contamina las fuentes de agua del municipio Poopó, Oruro. El agua contaminada con las descargas de las mineras, ya no pueden ser utilizadas para para la actividad agropecuaria, mucho menos para el consumo humano.