La meta de que el 100% de los bolivianos y bolivianas cuenten con servicios de agua potable y alcantarillado, estipulada en el Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de Medio Ambiente y Agua (PSDI-MAyA), se encuentra lejos de ser alcanzada. En su momento, los indicadores del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011-2015, no fueron cumplidos y actualmente, si se sigue la tendencia observada, es poco probable que se consiga alcanzar las Metas del Milenio en saneamiento, indica el informe: “Agua y saneamiento en el Estado Plurinacional de Bolivia” de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

366 participantes presentaron sus soluciones a las problemáticas del agua en Bolivia como parte del Concurso Nacional Juvenil Agua, Saneamiento e Higiene “Por un Futuro Justo y Sostenible” 2020.

Este concurso, fue una iniciativa de la Embajada de Suecia en alianza con UNICEF Bolivia, con el apoyo técnico de la Fundación Gaia Pacha, la Fundación AGUATUYA e Innofsweden. El objetivo fue que los adolescentes y jóvenes se conviertan en agentes de cambio ambiental en sus entornos inmediatos para mejorar la calidad del medio ambiente y la vida de las personas, fomentando la creatividad, interacción e involucramiento de estudiantes en la temática del agua.

Es un hecho que a nivel nacional no existe una regulación ambiental rigurosa para las actividades extractivas. Si hablamos de normas y leyes que regulan al sector minero y otros sectores afines, nos encontramos con una serie de incoherencias, vacíos o simplemente artículos que no reflejan la realidad que se vive en el país. Por ejemplo, la Ley de Minería y Metalurgia, en su artículo 219 menciona que: “…es responsabilidad de los concesionarios (titulares de derechos mineros) prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar/rehabilitar las áreas explotadas de acuerdo a normas ambientales aplicables”.

Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes; así lo estipula el artículo 374 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

No obstante, independientemente de quien se encuentre en el poder, queda demostrado que en muchos casos lo estipulado por la CPE queda como un escrito formal, lejos de ser aplicado en la realidad. Tal es el caso del Municipio de Poopó, donde, comunidades alejadas de los centros urbanos quedan relegados y vulnerables frente a los efectos de la contaminación y la escasez hídrica.

En redes sociales circulan fotos y videos de animales ingresando a las ciudades y correteando por las calles. Es un hecho que desde que comenzó la cuarentena por el Covid-19, se ha cambiado la forma de vida de todos y esto ha dado paso a fenómenos interesantes que no hubieran sido posible con el ajetreo usual de los humanos. Pero, ¿Qué significa esto para ecosistemas como los ríos?

La explotación minera, contamina las fuentes de agua del municipio Poopó, Oruro. El agua contaminada con las descargas de las mineras, ya no pueden ser utilizadas para para la actividad agropecuaria, mucho menos para el consumo humano.

La comunidad Totoral cuenta con grandes empresas y cooperativas mineras que contaminan los cuerpos de agua. Estudiantes del Col. Juan Lechín Oquendo conforman una brigada de monitores estudiantiles/comunitarios para evaluar la calidad de sus fuentes de agua.

Distrito Rural Ucuchipi lagunasta yakuta ch’ichichaymanta jark’arikuyku, chay yakuwan wayk’uyku, puquchiyku, chayta upyayku, chayrayku nuqayku monitoreo comunitario ruwayku, chaywan sut’isituta yachariyku imaynachus yakuyku kachkan.